Milton Romani: “Por un debate abierto con foco en los derechos humanos en políticas de drogas”

El Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, expuso ante Representantes de Misiones Diplomáticas acreditadas en el país y Organismos de Cooperación Internacional, sobre los alcances de la nueva legislación en materia de Regulación del Mercado de Cannabis y la posición de Uruguay hacia la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre Drogas, que se desarrollará en Nueva York en abril de 2016.

En esta oportunidad, participaron de la reunión por el Embajador Martín Vidal en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), Augusto Vitale; la Responsable de Asuntos Internacionales y Adjunta a la Dirección de la JND, Elena Lagomarsino, el Presidente del Comité Científico Asesor, Luis Yarzábal, y el Asesor de la Prosecretaria de la Presidencia de la República, Juan Pablo Pío.

El Director de la Oficina de la OEI-Mercosur en Uruguay y Coordinador Regional del Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos (IDEDH), Ignacio Hernaiz, expresó su compromiso con las políticas adoptadas por este organismo, y en su intervención manifestó su participación en la dimensión educativa y preventiva, en relación a los usos problemáticos en nuestro país.

En este sentido, ratificó la coincidencia entre los enfoques de la JND y del IDEDH, en referencia al tratamiento, prevención y regulación del consumo. Hernaiz recordó el vínculo de la OEI con la JND, en la cogestión del curso que se realizó este año sobre consumos problemáticos, dirigido a docentes, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y del Consejo de Formación en Educación.

En su exposición, Milton Romani señaló que “Uruguay tiene una pequeña joya y es la continuidad en políticas de drogas”, y explicó que algunas posiciones en torno al tema se tomaron durante el primer gobierno del Frente Amplio y en la última década la Junta Nacional de Drogas. La Junta posee una integración de nueve subsecretarios y delineó una Estrategia Nacional que incluye la formación de recursos especializados en esta materia.

Insistió en la necesidad de ir hacia un cambio de paradigma en relación a las políticas prohibicionistas que rigen en la actualidad, que no han dado resultados positivos en la problemática de las drogas. Agregó que para esta temática no es recomendable aplicar iguales políticas para diferentes culturas.

Explicó que en Uruguay, la prevención, el tratamiento y, a partir de ahora, la regulación, integra la Estrategia Nacional para el Abordaje de las Drogas. Agregó que “pretendemos regular el mercado como uno de los mecanismos donde el Estado se ‘enseñorea’ sobre las libertades del mercado y en este caso con sustancias que hacen daño a la salud pública”.

En relación al enfoque de reducción de daños afirmó que “nosotros somos terminantes y añadió que la reducción de daños se hace en el tema drogas, se hace en medicina, en la política y en la vida cotidiana”.

Explicó que en el país hay unos 160.000 consumidores de la sustancia, y que la tasa ha ido en aumento en Uruguay, en la región y en el mundo. Subrayó que “precisamente porque el cannabis genera daños a la salud es que se regula en todas sus fases, creando un espacio seguro de consumo y tratando de generar un vínculo diferente con los consumidores”. Añadió que si los consumidores se encuentran debidamente registrados, el Estado puede realizar una tarea de prevención, tratamiento y rehabilitación totalmente diferente a la que apuntan los marcos represivos.

“La insistencia sobre los derechos humanos aplicados a las políticas de drogas es una necesidad, porque en muchas regiones del mundo no se respetan los derechos elementales cuando se trata del problema de las drogas”, dijo.

Añadió que “más allá de la experiencia uruguaya, no pretendemos exportar el formato de regulación de cannabis. Quizá sí exportemos cannabis medicinal o cáñamo industrial”.

Ley de Regulación y Control de Cannabis

El Presidente de la Junta Directiva del IRCCA, Augusto Vitale, explicó que la Ley  19.172, que regula y controla el consumo de cannabis y que contó con más de un año de discusión parlamentaria, brinda el marco adecuado para la concreción de una política pública, que descentra el tema de la aplicación penal y lo centra en las personas, en su ámbito social y en aspectos de salud.

Recordó que uno de los tres pilares de la nueva normativa apunta a atacar las bases económicas de la actividad ilegal del narcotráfico. Añadió que la fortaleza de la Ley está en haber logrado separar claramente el uso medicinal y terapéutico del uso no médico.

Para el experto, la utilización no médica solo acepta tres maneras de efectivizarse. Tres canales que son excluyentes entre sí: el autocultivo, con un máximo de seis plantas por hogar; los clubes cannábicos con el único objeto de cultivar y distribuir entre sus miembros con fines recreativos y bajo ninguna circunstancia para fines medicinales; y la venta en farmacias.

Para el caso de la venta en farmacias, Vitale explicitó que el precio se transforma en una variable crítica porque se debe competir con el mercado ilegal de esta sustancia.

UNGASS 2016

Por su parte y en relación a UNGASS 2016, la Adjunta a la Dirección de la JND, Elena Lagomarsino, explicó que observa un camino de debate. Recordó que en el plano hemisférico, Colombia y México poseen experiencia en el uso de recetas diseñadas con un marcado cariz prohibicionista.

En este sentido, Lagomarsino afirmó que por esa razón poseen autoridad para plantear que “hemos probado las recetas prohibicionistas y no nos han dado resultado”.

Agregó que Uruguay promueve un debate democrático sobre la base de que no existen verdades reveladas. Y afirmó que “se están poniendo sobre la mesa temas que antes no estaban” y señaló que los documentos en los que nuestro país trabaja en torno a la temática “no son más de lo mismo”, dijo.

Fuente: JND y OEI.

 

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